Cristina Gallach ha sido secretaria general adjunta de Naciones Unidas para la Comunicación e Información Pública, alta comisionada del Gobierno español para la Agenda 2030 y comisionada por la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua del Gobierno de España.
Desde un punto de vista global y 75 años después de la firma de la Declaración, ¿la aplicación de los derechos humanos ha sido un éxito o un fracaso?
Yo quiero hablar de logros, porque la Declaración de los Derechos Humanos aprobada en 1948 fue un gran hito, en ese momento. Que solo tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la constitución de la Organización de Naciones Unidas, en 1945, se llegaran a codificar los treinta derechos fue, realmente, un proyecto político muy importante. Y, a partir de ahí, aunque el día a día es contradictorio porque las guerras continúan, la pobreza no se ha erradicado y hay constantes abusos a la libertad de expresión, lo cierto es que ha habido muchísimos avances. No podemos olvidarlo.
Por tanto, ¿podríamos decir que esta es una celebración agridulce?
Sí. La Declaración de Derechos Humanos es para mí un gran objetivo, pero también un punto de partida, un camino. Y esto hace que todo este esfuerzo colectivo individual de 75 años pueda valorarse positivamente. En este tema es muy importante considerar que la trayectoria ha sido buena pero, al mismo tiempo, mostrar una constante insatisfacción y denuncia. De hecho, probablemente nunca podremos alcanzar la aplicación completa de la Carta de los Derechos Humanos.
Una afirmación algo pesimista.
No, porque esta idea de promesa incompleta nos hace andar, nos moviliza. Tenemos el marco, la Declaración de los Derechos Humanos, pero también todas las convenciones que después surgieron. No podemos olvidar que la Carta de Derechos Humanos es voluntaria, es un documento moral y no un documento jurídico de obligado cumplimiento. Pero las convenciones que se redactaron después sí que son de obligado cumplimiento por parte de los estados.
¿Qué valor principal destacaría de la Carta de Derechos Humanos?
A partir de este documento hemos podido abrir marcos legales de derechos en nue-vos ámbitos. Por ejemplo, ahora se habla mucho sobre los derechos digitales. Hoy, seguramente, estamos ya en el marco de una cuarta generación de derechos. Y, por tanto, es un acierto absoluto que, más allá de la Declaración y de las convenciones posteriores, a medida que la sociedad avanza, podamos codificar derechos en nuevos ámbitos y podamos hablar de una nueva generación de derechos.
Ahora ya se habla de neoderechos. ¿Quiere esto decir que, 75 años después de la Declaración, algunos derechos han caducado o que son insuficientes?
No han caducado porque los derechos originales de la Declaración –la protección de los niños, la vivienda o la educación– son básicos. Y, los derechos en los que se inspiró la Declaración, los derechos que defendía la Revolución Francesa –igualdad, libertad y fraternidad– todavía no se han alcanzado. Durante las últimas décadas, y de forma muy adecuada en cada momento, hemos añadido capas al documento original. Ahora se habla de derechos digitales, pero en 2010, el debate giraba en torno a los derechos del agua y el saneamiento, porque empezábamos a ver las consecuencias de las sequías. Podemos añadir nuevos derechos sin dejar de trabajar por los originales del texto.
¿Estamos en un momento de regresión de los derechos humanos?
Sí. Es un error pensar que la consecución de los derechos es una conquista permanente e inalterable. En este momento estamos viendo regresiones en derechos que pensábamos alcanzados, por ejemplo, respecto a la igualdad de género. De este tema se han celebrado convenciones, se han creado agencias de Naciones Unidas… Pensábamos que todo lo teníamos bien trabado, pero no era así. Insisto, no podemos cantar victoria respecto ningún derecho.
El texto de la Declaración fue aprobado en 1948 por 48 votos. La Unión Soviética y algunos países de su área de influencia se abstuvieron. Desde entonces, la geopolítica del mundo ha cambiado mucho. ¿Más países deberían deliberar sobre los nuevos derechos?
En la reunión de París de 1948, se logró un acuerdo unánime, aunque hay que recordar que, en ese momento, los países que aún no habían iniciado un proceso de descolonización no formaban parte de Naciones Unidas. O sea, eran muchos menos que ahora. La persona que tuvo un papel clave en la movilización de la Asamblea fue Eleanor Roosevelt, la viuda del expresidente Roosevelt. Fue designada por el presidente Truman, ella era la delegada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que se ocupaba de temas sociales: mujeres, igualdad, etcétera. Entonces, a medida que los países se sumaban a la organización, también asumían los compromisos de la Carta.
¿Cómo se revisa que los Estados cumplan las convenciones?
Las convenciones son articulados de obligado cumplimiento y tienen unos mecanismos de revisión anual y, en caso de incumplimiento, se pueden aplicar sanciones y penalizaciones o hacer amonestaciones públicas. La cuestión es cómo conseguir avanzar a partir de una declaración de derechos genéricos y de unas convenciones de derechos específicos.
Difícil combinación. ¿Y cómo es posible?
Solo es posible a partir de la actividad política, la presión social, las denuncias, etc. Recientemente se han revisado los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, en el orden del día de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siempre hay temas relacionados con la vulneración de derechos. Sobre todo, son denuncias respecto a la libertad de expresión y la aplicación de torturas. Y un tema siempre recurrente es la pena de muerte, que se aplica a países democráticos y países dictatoriales.
¿Son suficientes estos mecanismos de sanción establecidos por incumplimiento de los derechos humanos?
Son eficientes en la medida en que los secretariados y los distintos países los mueven, pero ineficientes en la medida en que los avances son pequeños. Esto lo vemos cada año en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde siempre existe un listado de temas, la mayoría de los cuales tienen un carácter muy político. Precisamente este Consejo de Derechos Humanos se renovó hace doce o trece años con la voluntad de fortalecerlo: recibió más competencias para que pueda recoger más denuncias y se dio un papel más activo a los informadores.
Exactamente, ¿qué función tienen los informadores?
Como los funcionarios del sistema tienen límites, se nombran investigadores e informadores que trabajan a título individual y sacan a la luz vulneraciones de los derechos humanos y realizan informes y denuncias. Durante los años que estuve en Naciones Unidas, me di cuenta de que si bien son mecanismos imperfectos, pero ayudan a avanzar.
Respecto a los derechos humanos, ¿el problema es que Naciones Unidas no quiere involucrarse en temas demasiado internos de los estados?
En el fondo sabemos que el cumplimiento de los derechos humanos depende mucho de cómo cada país se organiza política y jurídicamente, de su grado de democracia, del papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, etc. Pero también sabemos que hay derechos que deben tratarse de forma universal. Por ejemplo, a nivel europeo, ahora se está trabajando una carta de derechos digitales, como ya han hecho anteriormente algunos países como España, pero todos sabemos que este tema debe ser global.
¿Deberían los derechos humanos independizarse de los estados?
Esta es la función que deberían realizar los organismos internacionales. Los organismos internacionales deberían adquirir un posicionamiento por encima de los estados para poder ejercer acciones de vigilancia, promoción y resguardo de los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos debe conseguirse rompiendo fronteras. En este sentido, un espacio extraordinariamente importante de derechos es el Consejo Europeo. Es uno de los ámbitos más eficaces de vigilancia y exigencia de la Carta de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta que existen derechos, como los derechos de los trabajadores –hoy en día muy vinculados a los procesos migratorios–, que actualmente pisan las legislaciones nacionales, pero también las internacionales.
Hay derechos que en determinados casos pueden contradecirse. ¿Debemos jerarquizarlos?
Sí. Existe un caso extremo de contradicción que es chocante: el derecho a la libertad y el derecho al bienestar. Cuando era secretaria de Estado visité El Salvador. Allí ha salido elegido “democráticamente” un líder extremadamente populista. Este presidente ha llevado a la práctica una política constante de supresión de derechos individuales: expresión, movilidad… Por el contrario, por las políticas que ha aplicado, ha habido una mejora sustancial de la seguridad en la calle. El Salvador era antes un país extremadamente violento y las maras proliferaban sin freno. Hoy, la situación, desde el punto de vista de los derechos, es esquizofrénica, pero la gente sencilla está contenta porque puede coger el autobús. Los derechos básicos de la declaración –la igualdad, la fraternidad y la libertad– y los treinta siguientes puntos deberían estar por encima de cualquier contradicción.
Por lo general, se asocia la vulneración de los derechos humanos con la pobreza. ¿Es un error?
Es difícil generalizarlo. Sin embargo, es cierto que hay mecanismos de protección de los derechos más potentes en los países más desarrollados, porque hay más diálogo social, más medios de comunicación… En estos países, si se detecta un caso flagrante de vulneración, la reacción es más rápida. Ahora bien, en los últimos años, los países de América Latina han tenido un proceso de institucionalización muy importante. Salían de dictaduras tremendas y tenían que volver a ponerse en marcha mecanismos de elecciones directas, de organización de partidos políticos, instituciones de gobierno… Tienen muchos problemas de ejecución y sobre todo carecen de controles de gobierno, pero hay ha habido mejoras importantes. Y dado que todos los riesgos no han desaparecido, una de las cosas que se ha introducido en lo que llamamos políticas de ayuda al desarrollo son precisamente refuerzos a la gobernabilidad.
Decíamos que los derechos humanos garantizan la democracia. ¿Significa esto que en todos los países democráticos se respetan los derechos humanos?
Por errores en la transición social y en los procesos democráticos, por las consecuencias de las crisis económicas de 2008 y 2012, por una irrupción inesperada de muchos mecanismos globales de comunicación… hemos visto como grupos políticos que atentan contra los principios básicos de la democracia han logrado el control de determinados poderes. Además, en los últimos años, el populismo se está convirtiendo en una característica de las sociedades más avanzadas. Hasta ahora los países nórdicos nos parecían blindados a estos grupos de extrema derecha, pero las sociedades son dinámicas y los ciudadanos requieren respuestas rápidas a sus complejos e interconectados problemas. Como decía antes: la conquista de derechos es una batalla constante.
Cuando se presentó la Agenda 2030, se realizó una gran campaña de comunicación. En cambio, 75 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, muchos ciudadanos siguen sin conocer el documento. ¿Falta pedagogía?
En diciembre del pasado año, cuando se iniciaba el año del 75 aniversario, la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos lanzó una campaña de comunicación que destacaba los principales valores del documento. Ahora bien, es cierto que es poco conocida. Las campañas de Unicef o la Oficina de Ayuda al Refugiado se ven bastante porque tienen como principal objetivo recaudar recursos, pero las campañas de Naciones Unidas internacionales y vinculadas a los derechos son mucho más difíciles de realizar y, por eso, se pide que las ejecuten los propios países. Ese es el problema: no es habitual que los gobiernos apuesten por campañas de derechos porque estos pueden entrar en contradicción con sus políticas nacionales.
Pero sin ser conscientes de los derechos que tenemos, no podemos luchar a favor.
Exacto. Este es el problema.
