Quienes se atreven a defender los derechos humanos son objeto de ataques cada vez en más lugares y en una escala alarmante. Se enfrentan a una oleada de acoso, intimidación, campañas de desprestigio, malos tratos, detenciones ilegítimas e incluso asesinatos. Solo por luchar por lo que es justo. Lo que presenciamos hoy es una agresión integral por parte de gobiernos, grupos armados, empresas y otros contra el derecho a defender los derechos humanos.
En 2022, la organización HRD Memorial (una iniciativa colectiva de organizaciones de derechos humanos que trabajan para recopilar y verificar datos sobre los asesinatos de DDH cada año) investigó y verificó los asesinatos de 401 DDH en 26 países. Por primera vez se superó el hito de más de 400 asesinatos selectivos de defensores/as en un mismo año, lo que constituye un dato devastador.
Cinco países -Colombia, Ucrania, México, Brasil y Honduras- representaron más del 80 por ciento de los asesinatos. El ámbito de defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 por ciento) del total de asesinatos.
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos son personas de todo tipo de profesiones y condiciones sociales. Entre ellas hay estudiantes, líderes comunitarios, periodistas, profesionales de la abogacía, víctimas de abusos y sus familias, profesionales de la salud, docentes, sindicalistas, denunciantes de irregularidades, campesinos y campesinas, activistas medioambientales y más.
Son personas que hacen frente a los abusos de poder de gobiernos y empresas protegiendo el medio ambiente, defendiendo a las minorías, oponiéndose a las barreras tradicionales contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y combatiendo condiciones laborales abusivas. Se interponen en el camino de la injusticia y la discriminación, de los abusos y la demonización. Y hoy son quienes más sufren el ataque global contra su derecho a expresarse.
Marielle Franco era una defensora de derechos humanos negra y lesbiana, concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro cuando fue asesinada. Un referente, una persona que alzaba la voz, alto y claro, contra las injusticias y por la defensa de los derechos humanos. Marielle era conocida por defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres -en particular los de las mujeres negras-, la comunidad LGTBI y por denunciar abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, sobre todo en las favelas. Días antes de que la mataran había sido nombrada relatora de la comisión encargada de vigilar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en Río de Janeiro.
Marielle y su conductor murieron por disparos el 14 de marzo de 2018 cuando cruzaban en automóvil el barrio carioca de Estacio tras participar en un debate público. Se hicieron al menos trece disparos, de los que cuatro alcanzaron a Marielle en la cabeza. Las características del tiroteo y la presunta implicación de asaltantes que iban en dos vehículos indican que fue un asesinato cuidadosamente planeado y llevado a cabo por personal entrenado.
Amnistía Internacional viene reclamando justicia desde el inicio del caso y, a pesar de que la policía arrestó a dos hombres acusados de los disparos (Elcio de Queiroz y Ronnie Lessa) en marzo de 2019, todavía no han sido juzgados por un jurado popular y no ha habido avances en relación con quiénes son los autores intelectuales del crimen y las causas que lo motivaron. Tanto los autores materiales del crimen como los intelectuales deben ser procesados, juzgados y deben rendir cuentas.
Han pasado más de dos décadas desde que la comunidad internacional se reunió en la ONU y adoptó por consenso su Declaración de 1998 para proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil y reconocerlos como agentes de cambio, cruciales para promover y proteger los derechos humanos. Al respaldar la Declaración, los gobiernos prometieron apoyar a defensores y defensoras y permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias. Pero hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la Declaración. En muchos países, los gobiernos están adoptando leyes y políticas que hacen que la labor de defensores y defensoras sea más arriesgada y difícil. Desde leyes que autorizan la fuerza contra manifestantes pacíficos o permiten la vigilancia masiva, hasta las que prohíben el acceso a financiación procedente del extranjero o imponen estrictos requisitos para inscribir legalmente las organizaciones, el espacio para defender los derechos humanos se reduce cada vez más.
Mientras tanto, defensores y defensoras son calificados cada vez más abiertamente de delincuentes, indeseables y “defensores de demonios”. Los llaman “agentes extranjeros”, “antinacionales”, “terroristas”. Los representan como una amenaza para la seguridad, el desarrollo o los valores tradicionales. Y así, se ven expuestos a una doble amenaza: se reduce su acceso a la información, las redes y las herramientas que necesitan para lograr el cambio, al mismo tiempo que las protecciones frente a los ataques que sufren son totalmente insuficientes. Los perpetradores de estos ataques rara vez son llevados ante la justicia. Escasea la voluntad política de proteger a defensores y defensoras como elemento crucial para un mundo más seguro y más justo.
Ahmed Mansoor es bloguero y poeta, además de un destacado defensor de los derechos humanos, galardonado con el prestigioso Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos en 2015. Fue detenido el 20 de marzo de 2017 en su casa del emirato de Ajman (EAU), y un año después comenzó su juicio ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelación. El 29 de mayo de 2018 fue condenado a diez años de prisión y a una multa de un millón de dirhams emiratíes (unos 270.000 dólares estadounidenses). El tribunal también ordenó que quedara sometido a vigilancia durante tres años después de su excarcelación. Su declaración de culpabilidad y su condena se confirmaron en apelación el 31 de diciembre de 2018.
El Grupo de Análisis de Amenazas de Google halló que personas usuarias de Android de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron objeto de enlaces de ataque de una sola vez enviados por SMS que, si se pulsaban, instalarían el programa espía en su teléfono. En los últimos diez años, quienes defienden los derechos humanos en EAU son víctimas de programas espía de empresas de cibervigilancia como NSO Group y Hacking Team; uno de ellos es Ahmed Mansoor, que fue atacado con programas espía de las dos empresas y posteriormente encarcelado por las autoridades del país debido a su labor de derechos humanos.
Ser mujer, una dificultad añadida para las defensoras
En todas las regiones del mundo, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a formas de violencia por motivos de género, además de los ataques que otros defensores puedan sufrir, como violencia sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujeres. Con frecuencia, las defensoras de los derechos humanos son atacadas no solo por su activismo, sino también a causa de su género, y sus actividades son deslegitimadas y menospreciadas reiteradamente. Muchas actúan en un entorno de ostensible hostilidad hacia los intereses que promueven. Aquellas que cuestionan los estereotipos de género y las que trabajan sobre cuestiones como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, o defienden en términos más generales los derechos humanos de las mujeres y las niñas, son a menudo especialmente vulnerables a ataques y amenazas por motivos de género.
En todas las regiones del mundo, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a formas de violencia por motivos de género
Aunque las defensoras de los derechos humanos corren los mismos riesgos que sus homólogos masculinos, debido a su condición de mujer se exponen a amenazas y modalidades de violencia de género específicas o son objeto de las mismas. Los motivos de estas agresiones selectivas a las defensoras de los derechos humanos son polifacéticos y complejos, y dependen del contexto específico en el que trabaja cada una de ellas. A menudo se considera que la labor de las defensoras de los derechos humanos desafía los conceptos tradicionales de familia o las funciones de género establecidas en la sociedad, lo que puede suscitar la hostilidad de las autoridades y de la población en general. De ahí que las defensoras sean a veces objeto de estigmatización y ostracismo por parte de los líderes comunitarios, los grupos religiosos, las familias y las comunidades que consideran que su labor constituye una amenaza para la religión, el honor o la cultura.
Justyna Wydrzyńska es doula –mujer que acompaña a otra durante el embarazo– y una de los cuatro miembros fundadores de Abortion Dream Team, colectivo activista que hace campaña contra el estigma del aborto en Polonia y ofrece asesoramiento imparcial sobre cómo abortar sin riesgos siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Abortion Dream Team forma parte de Aborto sin Fronteras, red feminista transeuropea que facilita información, asesoramiento, financiación y apoyo práctico a personas en Polonia y otros países que necesitan un aborto en el extranjero o acceso a fuentes fiables online de medicamentos abortivos que permitan un aborto autogestionado sin riesgos en casa.
En 2020, Justyna Wydrzyńska ayudó a acceder a píldoras abortivas a una embarazada que dijo que sufría vio-lencia de género. El 1 de junio de 2021, la policía registró el domicilio de Justina Wydrzyńska y confiscó medicamentos en forma de píldoras, un ordenador, lápices de memoria y teléfonos móviles. El 22 de noviembre de 2021 fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Este es el primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por contribuir a un aborto facilitando píldoras abortivas.
Estos cargos son un intento escandaloso y deliberado de reprimir el activismo legítimo de Justyna Wydrzyńska a pesar de que esta solo trata de apoyar los derechos de las mujeres y específicamente a mujeres embarazadas a acceder a un aborto sin riesgos en Polonia. En un contexto de leyes perjudiciales sobre el aborto, las activistas como Justyna son esenciales para garantizar que las personas embarazadas en Polonia no tienen que correr el riesgo de someterse a un aborto inseguro que ponga en peligro su salud y su vida.
Defensores y defensoras LGTBI
Del mismo modo que las defensoras de los derechos humanos, quienes defienden los derechos de las personas LGTBI hacen frente a múltiples estrategias de las autoridades y de agentes no estatales para obstaculizar su trabajo, tanto a través de Internet como por otros medios, en muchos casos como resultado de una discriminación y una marginación profundamente arraigadas. Los defensores y las defensoras LGTBI son objeto de discriminación interseccional, tanto por su labor de defensa de los derechos humanos como porque sufren discriminación homófoba o transfóbica por su condición de LGTBI o por ser percibidos como tales.
Amnistía Internacional ha documentado en particular numerosas violaciones del derecho de reunión pacífica cuando las autoridades han prohibido marchas del Orgullo en todo el mundo o la policía ha actuado de manera inadecuada en este tipo de eventos, así como casos de ataques, incluso homicidios, contra personas LGTBI, muchas de ellas defensoras de los derechos humanos.
Defensores indígenas, ambientalistas y afrodescendientes
Los defensores y defensoras de los derechos ambientales son personas que alzan la voz para proteger los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio. Suelen ser dirigentes o salvaguardas de comunidades, cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación. En muchos casos pertenecen a pueblos indígenas. Aunque suele ser en contextos locales donde se cuentan sus casos y se habla de cómo luchan para proteger a sus familias y a sus seres queridos, su trabajo nos incumbe a todas las personas, porque reviste una importancia global enorme. Consideremos, por ejemplo, el caso de la selva amazónica, los pulmones de la Tierra, que los pueblos indígenas llevan siglos protegiendo, combatiendo en primera línea para evitar la deforestación.
Según datos recogidos por Global Witness, 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2021, lo que representa un promedio de casi cuatro personas por semana. Estos ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización. Esto está sucediendo en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores.
¿Cómo revertir la situación?
Hay Estados de todo el mundo que incumplen su obligación de respetar y proteger el derecho a defender los derechos humanos, lo que incluye no implementar mecanismos de protección efectivos para defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, ni castigar a los responsables de atacar a esas personas. Amnistía Internacional hace campaña por el reconocimiento explícito y público, por parte de los Estados, de la legitimidad de las personas que defienden los derechos humanos y de su trabajo, y para que aprueben y apliquen disposiciones legales para su protección efectiva. Esto debe incluir el reconocimiento de la contribución de estas personas al fomento de los derechos humanos. Las personas que defienden los derechos humanos no podrán actuar de manera efectiva y contribuir a construir un mundo más seguro y más justo si los Estados no se comprometan a garantizar que están debidamente equipados con las aptitudes, las herramientas y la formación necesarias para llevar a cabo su trabajo.
Chow Hang Tung, alumna brillante de una de las mejores universidades, podría haberse dedicado a cualquier profesión de éxito. Pero ha decidido dedicar su vida a proteger con valentía los derechos de las personas como activista y abogada de derechos humanos. Chow era vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong, que organizaba la mayor vigilia con velas del mundo para conmemorar a las víctimas de la represión de Tiananmén. En 1989, cientos de personas, posiblemente miles, fueron asesinadas en las calles que rodean la plaza de Tiananmén de Pekín cuando los soldados abrieron fuego contra quienes se manifestaban pacíficamente para reclamar reformas económicas y sociales. El gobierno de China pretende que la gente olvide, pero Chow se ha propuesto recordar a las víctimas.
En 2020 y 2021, las autoridades de Hong Kong prohibieron la vigilia por razones de salud pública en relación con la pandemia de COVID-19. El 4 de junio de 2021, Chow animó a la gente por redes sociales a encender velas para conmemorar la represión. Fue detenida ese mismo día por “anunciar o promocionar una reunión no autorizada”. Ahora Chow cumple 22 meses de prisión por recordar pacíficamente a las víctimas de la masacre de Tiananmén. También se enfrenta a un nuevo encarcelamiento injusto por poner supuestamente en peligro la seguridad nacional a través de sus acciones pacíficas. Frente a todo ello, Chow hace gala de su coraje: “Decir que no tengo miedo sería mentira, pero no tengo tanto como para no atreverme a hacer nada”, afirma.
Los Estados también deben garantizar que se permite que los defensores y las defensoras de los derechos humanos se conecten entre sí, también con defensores y defensoras de otros países, y que tienen acceso pleno a las personas responsables de tomar decisiones en los ámbitos nacional, regional e internacional sin temor a represalias.
Los países de todo el mundo también deben tener en cuenta la especial importancia del papel que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y quienes trabajan en defensa de los derechos de las mujeres o los derechos relacionados con el género. A causa de su identidad, estos defensores y defensoras hacen frente a riesgos concretos y excepcionales en su trabajo. Es esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación. Solo así defender los derechos humanos dejará de ser una profesión de riesgo.
Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional en España y profesor universitario en distintos másteres de derechos humanos
